Hola a todos, esta es probablemente la historia más importante que hemos escrito hasta la fecha. Es largo, pero tómate un tiempo de tu día y procésalo de verdad. Las condiciones de trabajo como las que llevaron al derrame cerebral de Eduardo, a los 38 años, son un costo demasiado alto para pagar por la conveniencia del supermercado. Por favor, comparta esta historia con todos sus conocidos. — Luke
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Esenciales pero sin protecciones
Cuando un trabajador de campo casi muere de COVID-19, La comunidad Latina de Spokane le ayudó donde el sistema le falló.
Escrita por Daisy Zavala
Mientras Eduardo Muñoz Lara trabajaba en una huerta de manzanas en Othello con una visa de H-2A, su esposa, Laura Sandoval, estaba a más de 2.400 millas de distancia en su pueblo natal de Ciudad Victoria en México.
Separados por la distancia y al querer mirar a su esposo, Laura le marcó a Eduardo por videollamada temprano en la tarde del 11 de Octubre, mientras él estaba aislado por protocolos de COVID-19. Él no había tomado un examen de virus porque era asintomático y porque, de acuerdo a Laura, los trabajadores tenían dicho que los exámenes les costarían $200.
Cuando Eduardo, 38, respondió a la llamada, Laura inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba mal. Su esposo estaba teniendo un derrame cerebral.
Eduardo estaba solo en su habitación, y Laura se sentía indefensa. “Yo solo estaba en el otro lado del teléfono y no había nada que yo pudiera hacer para ayudarlo excepto gritar que alguien lo ayudara.”
Laura dice que pasaron horas antes de que alguien encontrara a Eduardo y llamara una ambulancia.
La historia de Eduardo y Laura es aterrorizante pero no es fuera de lo común. Los casos de COVID-19 en las comunidades agrícolas de Washington han aumentado sustancialmente en meses recientes. Muchos trabajadores esenciales están particularmente vulnerables al virus. La proporción de hospitalizaciones de Hispanos en Washington con casos confirmados o presuntos de COVID-19 son casi seis veces más altas que en las poblaciones blancas y la proporción de mortalidad es 3.5 veces más alta, de acuerdo con un reporte del departamento de salud.
En 2020, el Departamento de Labor e Industrias (L&I) inspeccionó 422 negocios agrícolas y encontró 517 violaciones. De las inspecciones totales, 21 estaban relacionadas a COVID-19 resultando en 68 violaciones.
L&I no proporcionó datos inmediatamente sobre cuántos negocios fueron multados o cuántos fueron multados varias veces, pero un portavoz de la agencia confirmó que sobre 60 por ciento de todas las infracciones implicadas eran “serias” violaciones de COVID-19. No hay violaciones reportadas contra el empleador de Eduardo, Washington Fruit and Produce Co.
Hasta el 11 de Febrero han habido 152 brotes de COVID-19 en los entornos agrícolas, almacenes y viviendas proveídas por empleadores en Washington, de acuerdo a un reporte del departamento de salud.
El riesgo fue evidente desde el principio.
El 16 de Abril, 2020, al comienzo de la pandemia, sindicatos de trabajadores de campo y defensores presentaron demandas contra el estado por no proteger a los trabajadores agrícolas. El 15 de Diciembre, Eduardo y su abogada Carmen Hargis-Villanueva, presentaron un reclamo de compensación para trabajadores que alegaba que su derrame cerebral causado por COVID-19 fue contraído en la vivienda proveída por su empleador.
Los ocho meses entre las dos demandas demuestran lo poco que se ha hecho para crear y reforzar reglas para proteger a los trabajadores agrícolas, dice Ramón Torres, presidente del sindicato de Familias Unidas por La Justicia, una unión independiente basada en Washington. “Los trabajadores no deberían necesitar hacer cientos de llamadas a L&I para ser protegidos”, dice Torres.
Por ahora, el único recurso para muchos trabajadores es reportar una violación después de que el daño ya esta hecho.
El 3 de Febrero, L&I acordó que el reclamo de Eduardo era válido y ordenó a la compañía que cubriera sus facturas médicas, dijo Hargis-Villanueva, abogada con el Proyecto de Justicia del Noroeste. La familia no ha recibido las facturas completas para los tratamientos médicos de Eduardo, pero el lado derecho de su cuerpo está paralizado y su terapia física al momento cuesta $165,000.
“Un trabajador que contrae COVID-19 en el trabajo por causas fuera de su control porque su empleador no lo mantuvo seguro no debería tener que sufrir las consecuencias especialmente cuando paga cobertura médica con su salario,” dice Hargis-Villanueva.
La compañía- Washington Fruit and Produce Co.- no ha cumplido con la orden, dice Hargis-Villanueva. Bajo la ley estatal, Eduardo puede peticionar que la compañía sea penalizada por cada retraso de dos semanas, Hargis-Villanueva añade, y la compañía puede apelar la decisión de L&I ante la Junta de Apelaciones Industriales.
No es un accidente aislado
Torres, quien es un trabajador de campo, dice que líderes del sindicato pasaron el verano y otoño visitando sitios de trabajo y descubrieron que muchos sitios no cumplían con los protocolos de COVID-19, como distanciamiento o que no proveían sanitización adecuada. Esto llevó al sindicato a reportar quejas en nombre de los empleados que tienen temor a reportar ellos mismos.
El miedo está justificado. Un trabajador agrícola de Yakima fue despedido después de quejarse al respecto de las condiciones de trabajo, dice Torres, e incluso cuando el estado encuentra una violacion los castigos son una palmada en la muñeca. “Vemos esto una y otra vez”, dice Torres, “la gente tiene tanto miedo a quejarse que prefieren trabajar hombro a hombro.”
Las empresas no solo continúan a fallar con cumplir con las reglas que mantendrían a los trabajadores a salvo de contagiarse de COVID-19, dice Torres, el sindicato regularmente recibe llamadas informándoles que algunos empleadores cobran por mascarillas y otro equipo protectivo, no cumplen con protocolos de distanciamiento, no desinfectan adecuadamente y no informan a los trabajadores cuando están expuestos al COVID-19.
Torres dice que muchos trabajadores han buscado ayuda del sindicato al ser corridos después de salir positivos con COVID-19 en lugar de ser concedidos dos semanas de aislamiento.
La situación en la que se encuentran los aproximadamente 23,000 trabajadores H-2A en el estado es terrible, dice Torres. Muchos han reportado ser intimidados a completar cuotas irrazonables y ser amenazados con ser mandados de regreso si no los cumplen.
Llegando a EE. UU.
Eduardo fue llevado al hospital comunitario de Othello el 11 de Octubre y después fue transferido a Providence Sacred Heart Medical Center en Spokane para cirugía cerebral de emergencia.
Los médicos estaban desconcertados sobre qué provocó el derrame cerebral, porque Eduardo no tenía condiciones de salud preexistentes, dice Laura. Después de que dio positivo por COVID-19, Laura agrega, el médico sospechó que el virus era la causa.
Laura aterrizó en Spokane el día después de que su esposo fue hospitalizado, dejando a sus dos hijos menores con familia. Ella dice que Washington Fruit & Produce Co. se ofreció a ayudarla a obtener una visa, pero ella ya tenía una. En lugar de la visa, pagaron su vuelo.
Pero tan pronto como bajó del avión, dice Laura, estaba sola y la compañia ya no devolvió sus llamadas. Ella da crédito a líderes comunitarios de Spokane por ayudarle a navegar el sistema legal y médico estadounidense.
Empleados del hospital refirieron a Laura a Jennyfer Mesa, activista y cofundadora de Latinos en Spokane (LES), una organización que brinda asistencia y recursos a la comunidad latina. La organización ayudó a Laura a encontrar traductores, alojamiento y asistencia legal.
Anngie Zepeda, directora de programas para LES, dirigió los esfuerzos para conseguirle a Eduardo la asistencia legal necesaria para defender su caso. Al mismo tiempo, LES Community Comadres, dirigida por Lupe Gutiérrez, ayudó con traducciones, trámites y entregó comida todos los días.
Esta no es la primera vez que Mesa se encuentra con una situación como la de Eduardo. “Es exasperante ver que hay un problema sistémico con los trabajadores esenciales, y es practicamente racista cómo pueden traer gente a trabajar y deshacerse de ellos a voluntad”, dice Mesa. “Estas empresas están apostando al hecho de que [los trabajadores] están solos aquí y se aprovechan de eso. No pensaron que iban a recibir ayuda y [los trabajadores] iban a conseguir un abogado “.
Pero Eduardo logró conseguir ayuda.
Después de pasar 12 días en una habitación de hotel pagada por la Fundación Providence, Mesa invitó a Laura a vivir con ella y su familia por el resto del mes mientras decidían qué hacer. A medida que disminuían los recursos, Mesa hizo una llamada en busca de alguien que pudiera acoger a Laura mientras continuaba el cuidado de su esposo.
Nikki Lockwood, miembra de la junta de las Escuelas Públicas de Spokane, y su esposo, Bill, compartieron su hogar con Laura desde noviembre hasta que Eduardo fue dado de alta en diciembre. Lockwood es Mexicana-Americana y dice que es muy consciente de casos desproporcionados de COVID-19 que afectan a las comunidades de color, así como de las barreras que evitan acceso a la atención medica y justicia.
“Yo sentí que íbamos a tener que hacer más que abogar por los trabajadores”, dice Lockwood. “Sabía que este iba a ser un camino difícil para [Laura] con todas las barreras para acceder a la ayuda, y esta era una pequeña forma en que le podía ayudar. También sabía que esta era solo una historia entre muchas “.
Después de que Eduardo fuera dado de alta del hospital, la pareja comenzó a quedarse en un hotel accesible para personas con discapacidades cerca del hospital, gracias a la ayuda financiera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Spokane.
El reclamo y respuesta
El programa H-2A requiere que los empleadores provean seguro de compensación para trabajadores bajo ley federal. Si un empleado contrae COVID-19 en el trabajo, puede presentar un reclamo de compensación para trabajadores, dice Hargis-Villanueva.
Washington Fruit & Produce Co., donde Eduardo había estado trabajando, está auto asegurada a través de Eberle Vivian. Las empresas que están auto aseguradas pueden tener más incentivos para hacer que el proceso de reclamaciones sea más difícil, dice Hargis-Villanueva.
Eberle Vivian le pidió a L&I que rechazara el reclamo que presentó Eduardo el 15 de Diciembre, y el 7 de Enero, el departamento respondió que necesitaba más información para decidir el reclamo, dice Hargis-Villanueva, y L&I ordenó a la compañía de seguros que le pagara a Eduardo por su tiempo durante este período intermedio.
El 21 de Enero, L&I autorizó el reclamo y ordenó a la compañía a pagar las facturas médicas de Eduardo y otros beneficios que se le otorgaron bajo la Ley de Seguros Industriales del estado, agrega Hargis-Villanueva.
Washington Fruit & Produce Co. protestó formalmente la decisión el 28 de Enero y pidió a L&I que reconsiderara, pero Hargis-Villanueva dice que el departamento confirmó su decisión el 3 de Febrero.
Condiciones de la vivienda
Katherine Ryf, representante de Washington Fruit & Produce Co., dijo en una declaración preparada que la compañía desarrolló un plan de seguridad contra COVID-19 y ha cumplido con todas las pautas de seguridad establecidas por el CDC, el gobernador Jay Inslee, L&I, y departamentos de salud del condado y el estado. “Nada es más importante para nosotros en Washington Fruit que la seguridad y la salud de nuestra fuerza laboral”, escribió Ryf. “Las directrices tuvieron éxito en la prevención de grandes brotes en nuestras instalaciones”.
Pero Laura dice que había visto las condiciones en las que vivía su esposo durante muchas de sus video llamadas y cree que no había oportunidad para que los trabajadores se distanciaran.
Inicialmente, había tres trabajadores en una habitación, dice Laura. Dos dormían en una litera, mientras que el otro compañero dormía en su propia litera. Las reglas que estableció el estado permitían a los empleados dormir en una litera directamente sobre otro trabajador siempre y cuando durmieran en direcciones opuestas.
Defensores de los trabajadores agrícolas habían protestado contra las reglas del departamento de salud que permitían literas, alegando que aumentan el riesgo de infección. Los líderes republicanos en el este de Washington firmaron una carta pidiendo a Inslee que permita más flexibilidad en la vivienda de los trabajadores, argumentando que las reglas estrictas deberían ser revisadas porque afectarían la economía del estado. Las reglas de emergencia entraron en efecto el 18 de Mayo de 2020, pero las literas todavía estaban permitidas en algunos casos.
“Solo estábamos pidiendo protecciones, y el estado básicamente nos dijo que no”, dice Torres.
Laura se aseguró de que Eduardo tuviera cubrebocas N95, gel desinfectante y aerosol antes de irse de México. “Vi muchas ocasiones que pensé que aumentaba el riesgo de infección y me di cuenta de que así es como debe haber contraído el virus”, dice Laura. “Me enojé porque pensé ‘¿Cómo pueden ser tan inhumanos?'”
Ryf dice en la declaración que los trabajadores fueron alojados dos por habitación después de ajustarse a las nuevas pautas, y argumenta que Eduardo podría haber contraído COVID-19 fuera de su vivienda. Laura dice que cree que su esposo contrajo COVID-19 antes de que fuera movido a una habitación con solo dos trabajadores.
Eduardo le dijo a Laura que uno de sus compañeros de habitación había sido llevado a aislamiento, pero a él y a su otro compañero de habitación nunca se les dijo el motivo y no se les informó sobre posible exposición al COVID-19. Poco después, lo llevaron a aislamiento, donde sufrió el derrame cerebral, dice Laura.
Ryf dice que la compañía ha administrado pruebas de COVID-19 gratuitas a los empleados bajo el acto CARES, pero Laura dice que a Eduardo y a otros trabajadores se les dijo que las pruebas de COVID-19 les costarían $200, por lo que nunca pidió una.
“No sé cómo estas personas pueden dormir tan tranquilos sin comprender lo que han causado”, dice. “Nosotros sabíamos los riesgos antes de venir, pero nunca imaginamos que llegaría a pasar esto”.
Barreras para reportar violaciones de COVID-19
Un representante de L&I dice que el departamento se basa en las quejas para investigar presuntas violaciones. El departamento generalmente envía una carta notificando a la compañía que alguien presentó una queja, indicando que la solucionen. Si el problema persiste, el departamento realizará una inspección.
Pero muchos trabajadores tienen miedo de presentar quejas oficiales, dice Torres, porque los pone en una situación difícil ya que tienen que decidir entre su seguridad o su trabajo para mantener a sus familias.
El proceso es aún más difícil para los trabajadores agrícolas que solo hablan idiomas indígenas, como mixteco y triqui, porque L&I no puede ayudarlos, dice Torres, un vacío que Familias Unidas Por La Justicia está tratando de llenar ofreciendo servicios de idiomas indígenas.
La explotación de los trabajadores agrícolas no comenzó durante la pandemia, dice Torres, pero ciertamente hizo que un problema de un siglo fuera más mortal. El verano pasado, cientos de trabajadores de almacenes en Yakima se declararon en huelga debido a las condiciones inseguras de trabajo.
“¿Qué tenemos que demostrar para que nos escuchen?” Torres dice. “Tuvimos casi 1,000 trabajadores en huelga este verano, y estas empresas están abiertas como si nada. La mayoría no han sido multados y continúan propagando el virus como antes”.
Estas situaciones claramente demuestran un problema con los empleadores que no cumplen con las reglas de seguridad, dice Torres. Este no es un problema que solo ocurrió en un par de huertas o algunos almacenes de empaque, dice Torres, esto está sucediendo en este estado y muchos más.
Torres dice que L&I debe ser más proactivo en la vigilancia de las prácticas de las empresas en lugar de esperar por cientos de llamadas para realizar una inspección. El sistema para reportar violaciones de seguridad debe simplificarse, dice, y los trabajadores vulnerables merecen el apoyo de las agencias estatales en forma de reglas claras y firmes seguidas con una ejecución rigurosa.
La agricultura es el alma económica de gran parte del centro y este de Washington, pero ese campo de juego es brutalmente desigual, dice Torres, porque favorece las ganancias de la agroindustria sobre la salud de los trabajadores.
El camino largo hacia la recuperación
Hoy, Eduardo todavía está confinado a una silla de ruedas y le cuesta hablar, dice Laura.
El dinero que ganaba como trabajador H-2A era la fuente principal de ingresos de la familia que mantenía a Laura y a sus tres hijos, el menor de los cuales tiene 10 años. La pareja tuvo varios trabajos para mantenerse en México, pero Laura dice que no será suficiente.
Esta no es una crisis de corto plazo para la familia. Debido a la seriedad de sus lesiones, los médicos le dijeron a Laura que Eduardo probablemente nunca volverá a trabajar.
“He pasado muchos de mis días llorando porque el peso de todo esto se apodera de mí”, dice Laura. “Hemos sufrido mucho, pero le digo que todavía está vivo y eso es lo que importa”. Todo lo que Laura quiere ahora, dice, es que la empresa comprenda la gravedad de la situación, que pague lo que le han otorgado y se asegure de que ninguna otra familia pase por lo que ella y Eduardo han pasado.
El 10 de febrero, Eduardo y Laura volaron de regreso a casa con la ayuda del consulado mexicano. Los organizadores de la comunidad en Spokane están recaudando dinero para los gastos de manutención de la familia y una silla de ruedas eléctrica para Eduardo.
Puedes donar al gofundme aquí.
Recursos
Familias Unidas por La Justicia
Sindicato independiente para trabajadores agrícolas
[email protected] | 360.920.7215Community2Community
Organización dedicada a la soberanía alimentaria y los derechos de inmigrantes
[email protected] | 360.738.0893Proyecto de Justicia del Noroeste
Programa de asistencia legal financiado con fondos públicos
1.888.201.1014 | 206.464.1519Latinos en Spokane
Organización que brinda asistencia y recursos a la comunidad latina.
509.558.9359
